Diputados avalan en lo general y particular Ley de Seguridad Interior

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, con una votación general de 248 a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. 

Los legisladores rechazaron al hilo un total de 101 reservas presentadas por 64 oradores.

Esto, con una votación particular de 214 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones, de 320 legisladores presentes.

El ordenamiento será enviado al Senado de la República para continuar con los trámites parlamentarios, anunció el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez.

En el debate, legisladores de oposición reiteraron que la normatividad es inconstitucional y será impugnada, adelantó el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

“Está cantada la acción de inconstitucionalidad por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por adelantado. Está cantada también las acciones de inconvencionalidad que se declararán por organismos internacionales. Está iniciándose, aquí se está gestando la génesis, válgase la expresión, de un golpe de Estado silencioso”, advirtió Zambrano Grijalva.

Aunque en los discursos las bancadas del Frente Ciudadano por México se pronunciaron en contra, con algunas excepciones, como la de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez, que en la Comisión de Gobernación claramente se posicionó a favor, en el conteo final de votos salió a la luz la división, principalmente en el albiazul.

En números, 183 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor; llamó la atención que 14 integrantes de Acción Nacional también se pronunciaron a favor, solo 17 en contra y 48 se abstuvieron, incluyendo al coordinador Marko Cortés.

Del PRD dos diputados estuvieron a favor y 39 en contra; los 35 miembros presentes del Partido Verde Ecologista (PVEM) se manifestaron a favor.

Los 17 diputados presentes de Movimiento Ciudadano (MC) estuvieron en contra; los nueve miembros presentes de Nueva Alianza (PANAL) votaron a favor; y en la bancada de Encuentro Social (PES) también hubo división, pues cuatro integrantes estuvieron a favor y dos en contra.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la instancia dictaminadora y legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Guillén, fue enfática al señalar que las disposiciones no militarizan al país.

“Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”, recalcó.

Subrayó que la intervención de las Fuerzas Armadas y Federales estará sujeta a controles, como la duración de no más de un año, y con la opción de prórroga si el Ejecutivo Federal lo ordena.

Señaló que la aplicación de la norma compete a las fuerzas estatales y federales, y solo cuando la gravedad de la situación lo amerite, el Estado recurrirá a las Fuerzas Armadas.

Establece las obligaciones específicas para cumplir a la brevedad con la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, misma que se aplicará solo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener las amenazas a la seguridad interior; aunado a que garantiza el equilibrio de poderes, apuntó.

Las Fuerzas Federales y las Armadas implementarán “sin necesidad de Declaratoria”, acciones, políticas y programas para identificar, prevenir y atender las amenazas que prevé la Agenda Nacional de Riesgos, que representen amenazas a la seguridad interior, añadió.

Lo harán con respeto a los derechos humanos, cumpliendo los protocolos que emitan las “autoridades correspondientes”.

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